Buscan otorgar beneficios fiscales a una empresa por encima de lo permitido por la Ley de Inversiones de la Provincia

Una controversia parlamentaria puede desatarse en el espejado edificio de Muñecas al 900 tras la presentación de un proyecto de ley que busca facultar al Poder Ejecutivo a otorgar a la firma LUBRE S.R.L. el beneficio de “reintegro a la inversión y exención impositiva sobre el proyecto de creación del Polo de Servicios Comerciales y Turísticos, denominado 'Complejo Comercial FOM' (Famaillá Open Mall)”. La iniciativa, impulsada por el legislador Alberto Olea (foto inferior) y acompañada por las firmas de Patricia Lizárraga, Edith Comolli y Sara Lazarte de Fernández, establece que la empresa deberá comprometerse a invertir una suma equivalente a U$S2.800.000. Sin embargo, el texto propone un “reintegro será por el 30% de la inversión efectivamente realizada”, un porcentaje que excede lo pautado en el Régimen de Incentivos para Inversiones y Creación de Empleo de la provincia.

De acuerdo con las modificaciones realizadas a la Ley 9.911 en la última sesión del año pasado, se estableció una escala progresiva de beneficios basada en el monto de la inversión. Para desembolsos de entre 1 y 3 millones de dólares, la norma es taxativa al fijar una “exención en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 25%”. En este sentido, la pretensión oficialista de otorgar un 30% —por un monto total que no podrá superar los 840.000 dólares— no solo violenta el tope del 25% correspondiente al rango de inversión de la firma, sino que además introduce la figura del reintegro mediante “Certificados de Crédito Fiscal transferibles”, una modalidad que no está contemplada en el esquema de exenciones directas de la ley matriz.

Además del reintegro directo, el proyecto legislativo contempla un paquete de exenciones impositivas adicionales para los desarrolladores y locatarios del complejo comercial ubicado en la Ruta 38. Según el artículo 3°, el Estado tucumano otorgaría los siguientes beneficios por un plazo de una década:

• Ingresos Brutos: Exención por el término de 10 años sobre la locación, administración y nuevas actividades de los inversores.

• Salud Pública: Exención del impuesto por 10 años para los nuevos puestos de trabajo.

• Impuesto de Sellos: Exención por 10 años en los contratos de alquiler y vínculos contractuales en el predio.

• Impuesto Inmobiliario: Exención por el término de 10 años para los desarrolladores.

A cambio de estos beneficios, la empresa se compromete a la incorporación de, como mínimo, “80 nuevos puestos de trabajo permanente con mano de obra local”.

Argumentos

En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el incentivo estatal se justifica en que este tipo de polos comerciales “promueven beneficios que exceden al inversor”, tales como el aumento del flujo de turistas, la valorización del suelo y la activación de cadenas productivas. Argumentan que “el reintegro se justifica porque el privado no captura todo ese beneficio en la magnitud que se lograría con un impulso estatal” y que funciona como una “inversión inicial del Estado que luego retorna vía recaudación” por el incremento del consumo local.

No obstante, el contraste entre el texto propuesto y el Régimen de Incentivos vigente es evidente. Mientras la Ley 9.911 busca promover inversiones bajo un marco de “equidad y sostenibilidad” con escalas de exención predefinidas, este proyecto particular para LUBRE S.R.L. plantea un beneficio mayor al capital proporcionalmente permitido, lo que podría generar un precedente de inseguridad jurídica en la aplicación de las leyes de fomento industrial y comercial de la provincia.